Las protestas en el país continúan interpelando a la clase política de nuestro país. Los grupos aimara y quechua en el sur altoandino siguen manifestando su profunda indignación. Es un sentimiento que los compromete vitalmente en su búsqueda de cambio. Podemos estar de acuerdo o no con sus métodos. Personalmente rechazo posiciones que justifican acciones como incendiar comisarías, amenazar a personas que no quieren plegarse a la protesta o tomar aeropuertos como la manera de exigir la renuncia de las autoridades del Ejecutivo y Congreso. Sin embargo, cuando veo en un video a mujeres campesinas con sus hijos a la espalda viniendo desde Puno a protestar con tanta convicción y arremeter contra la desbordada Policía Nacional, sin medir las consecuencias, me pregunto ¿qué motiva a que miles de personas como las mujeres compatriotas del sur arriesguen sus vidas para manifestar sus voluntades de cambio con tanta y admirable vehemencia?

Las protestas en el país continúan interpelando a la clase política de nuestro país. Los grupos aimara y quechua en el sur altoandino siguen manifestando su profunda indignación

En la lucha entre narrativas extremistas en la arena de la opinión pública se busca imponer posiciones que tengan hegemonía sobre la otra. “Ni siquiera los animales exponen así a sus hijos (…) las mentes siniestras detrás de esta manipulación de nuestro hermanos y hermanas se esconden y no dan la cara” dice – qué representante más indicado – el ministro de Educación del gobierno de turno en total negación y accionar represor, celebrado por aquellos que desean el orden social y económico a cualquier costo humano. O “No importa que haya más muertos, pero tiene que haber nueva Constitución”, dice un dirigente del Movadef, el que podría ser fácilmente parafraseado por algunos congresistas de izquierda extrema en esa línea de razonamiento en el que las revoluciones se alimentan de la sangre de las víctimas. Son los extremos de un grave problema sociopolítico multidimensional que se quiere resolver simplonamente jalando la soga entre grupos autoritarios hasta que la tensión termine a jalones sobre cualquier intento de tender puentes entre posiciones.  

Los ciudadanos del campo y periferia como núcleo duro de la protesta exigen reconocimiento social de ciudadanía plena.

Tengamos en cuenta que hoy a diferencia de los movimientos rurales anteriores que produjeron cambios en las Constituciones del 33 y 79, no se está exigiendo atención a una agenda social básica, sino fundamentalmente la agenda es política. No es pan lo que piden es consciencia y reconocimiento de derechos de los siempre postergados. Los ciudadanos del campo y periferia como núcleo duro de la protesta exigen reconocimiento social de ciudadanía plena.

Honneth (1977) señala que los sujetos – se entiende en un Estado de derecho – reconocen y son reconocidos en su condición de ser sujetos de derechos y deberes y que van a reaccionar con agresión ante la experiencia de ser ignorados por el otro social. Su deseo de reconocimiento no se orienta a las cosas o a sus necesidades de autoconservación, sino al saberse en el otro. El ninguneo -palabra más peruana que nunca – es un menosprecio radical al sujeto de derecho. Ya no estamos en el tiempo en que las personas del campo bajaban la cabeza ante el dominio del señor y se replegaban en sus silencios impenetrables, hoy estamos en el tiempo de la virtualidad y el whatsapp en el que la indignación se propaga por las redes entre los grupos de manifestantes ninguneados, marginados históricamente por el orden sociopolítico establecido.

El problema de fondo es la convivencia social entre peruanos, marcada por la violencia estructural y la inequidad, pero para implementar cambios sociales urgentes se requiere hacer reformas serias al conjunto de reglas que garanticen una mejor representación política. (https://www.hitc.com)

El diálogo empezará cuando nuestras actuales autoridades en el Ejecutivo y la mayoría en el Congreso reconozcan su complicidad en esta nueva etapa de la crisis, renuncien al poder y llamen a nuevas elecciones. Antes de comenzar a reparar el daño hay que reconocer responsabilidades y culpabilidades ¡qué dolor renunciar al poder y a los beneficios que este da! El problema de fondo es la convivencia social entre peruanos, marcada por la violencia estructural y la inequidad, pero para implementar cambios sociales urgentes se requiere hacer reformas serias al conjunto de reglas que garanticen una mejor representación política. Y este Congreso, indigno hasta el tuétano, no tiene la legitimidad para hacerlos. El diálogo con nuevas autoridades debe abrir el camino hacia cambios sustantivos de la relación entre el Estado y sus ciudadanos. Nuestros connacionales del sur nos dan la pauta: reformas profundas en la Constitución, mejor representación política, políticas públicas implementadas por funcionarios honrados y eficaces, real acceso a los servicios del Estado, justicia oportuna, equidad ahí donde haya desbalances. Conocemos la receta, el reto es encontrar en un grupo mayoritario de ciudadanos la claridad de mente y fortaleza de espíritu para llevar adelante tales reformas.   

Escrito por Carlos Jibaja Zárate. Psicólogo y Psicoterapeuta. Fotografía: Noticias SER. 8 de marzo de 2023.