La sociedad peruana está atravesando por un período altamente convulsionado en el que los extremos políticos no se oyen y niegan la existencia de la perspectiva del rival.  Precisamente, la violencia es erradicar la existencia o posición del otro colectivo a quien se percibe y se interactúa como ajeno, amenazante y enemigo. El diálogo, es decir, la palabra autorizada y sostenida por representantes que puedan liderar a la ciudadanía hacia tender puentes y asumir compromisos, está notoriamente enmudecido por la acción violentista de los extremos autoritarios, así como por las fuerzas antidemocráticas e ilegales.  

Los peruanos y peruanas que deseamos una salida a esta situación de violencia en el que mueren y quedan heridos manifestantes y policías debemos exigirnos buscar alternativas de solución. No lograrlo nos conducirá hacia una espiral de muertes y caótico desgobierno.  El costo de vidas humanas por la violencia, venga de donde venga, es demasiado alto.

Hay puntos en las protestas y movilizaciones que pueden discutirse: el cambio de la mesa directiva del Congreso, la renuncia de la actual Presidenta Boluarte, el adelanto de elecciones para el 2023 y las investigaciones a los responsables de las muertes de manifestantes y policías. Lo que no es negociable es forzar la situación sociopolítica para librar al ex Presidente Castillo de sus actos golpistas, tampoco buscar la revuelta violentista para exigir en estos momentos una Asamblea Constituyente.

El actual Congreso está deslegitimado para realizar grandes reformas políticas. La bicameralidad, la reelección parlamentaria, voto preferencial son temas tan controvertidos y polarizantes que su estéril discusión es echar más leña al fuego en la coyuntura actual. Las reformas deberían estar acotadas a obtener consensos sobre cambios eficaces para mejorar la idoneidad de nuestros próximos representantes: renovación por tercios o por mitades de los congresistas a mitad del período presidencial, no estar sentenciados en primera instancia por delitos en general y contra la administración pública, fortalecer la democracia interna en los partidos, entre otros. 

Se requiere de nuevas elecciones nacionales en el 2023. Que la sociedad en su conjunto decida por sus nuevas autoridades. Es una salida parcial, difícil, no exenta de riesgos para la institucionalidad. Dependerá del compromiso de toda la ciudadanía para definir los pesos y contrapesos democráticos de los nuevos representantes. La elección de un nuevo Gobierno y Congreso les dará a nuestras instancias de gobernanza una mayor legitimidad ciudadana para que rápidamente se aboquen a los problemas endémicos de injusticia social que, entre otras razones, hace que el Sur Andino sea el emergente en este gran malestar nacional.  

Escrito por Carlos Jibaja Zárate. Psicólogo y Psicoterapeuta. Fotografía: ANDINA. Agencia Peruana de Noticias. 11 de enero de 2023.