PRONUNCIAMIENTO

¡RESPETO DEL DERECHO A LA PROTESTA!
¡NI UN MUERTO MÁS!
¡TENDAMOS PUENTES AL DIÁLOGO!

El Centro de Atención Psicosocial, basándose en el pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, hace un llamado tanto al Gobierno Constitucional de la Presidente Dina Boluarte, al Congreso de la República, a las instituciones públicas, a los Gobiernos Regionales y locales, a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y a la ciudadanía en general, expresando lo siguiente:

1. Demandamos la inmediata convocatoria a elecciones generales, por parte de la presidenta Dina Boluarte, en coordinación con el Congreso de la República, con carácter excepcional.
2. Exigimos el respeto irrestricto del derecho a la protesta y a la movilización social, parte del ordenamiento legal y constitucional de toda sociedad democrática. El accionar represivo de las fuerzas policiales ha dado como resultado, hasta el momento, la muerte de 21 personas, 3 de ellas adolescentes, decenas de heridos y detenidos, muchos de los cuales vienen siendo tratados sin observar las reglas mínimas de respeto a la dignidad humana.
3. Exigimos la prohibición inmediata del uso de armas letales y proyectiles que puedan dañar la integridad y la salud de las personas, aun cuando las formas de protesta se tornen violentas.
4. Condenamos toda acción violenta, venga de donde venga. Las secuelas psicosociales dejadas por la violencia dejan huellas imborrables en individuos, familias, comunidades y suelen ser intergeneracionales. Los actos violentos producto de la situación de crisis sociopolítica reactiva experiencia traumáticas especialmente en personas y comunidades que sufrieron los efectos de la violencia política entre 1980 y 2000. No sigamos profundizando brechas y heridas, todavía no reparadas en nuestra sociedad. (canadianpharmacy365.net)
5. Exigimos que se depongan discursos extremos, adjetivos descalificadores y acciones fuera de la ley que no permiten tender puentes hacia el dialogo constructivo.
6. Censuramos la agresión a periodistas o la destrucción de la propiedad pública o privada; la protesta tiene que ser pacífica. Sin embargo, eso no legitima que los organismos policiales o militares disparen a la muchedumbre o al cuerpo de las personas, cuando ellos tienen precisamente la función de protección.
7. Los responsables directos y autores intelectuales de las 21 muertes deben ser investigados y sancionados con todo el rigor de la ley.
8. Los responsables directos de actos violentos contra propiedad pública y privada deben ser investigados y sancionados con acuerdo a ley.
9. La investigación en curso contra el expresidente Pedro Castillo debe estar ceñida al debido proceso, con el respeto a la dignidad, según estándares internacionales, más allá de que se establezca, posteriormente, si su detención fue irregular o no.

Lima, 19 de diciembre de 2022
Centro de Atención Psicosocial